Amnistía… Ayer un acto de nobleza hoy una estupidez
(Noticias Kikiriki).- La amnistía la define la RAE como “olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores.” Por lo que, el concepto de amnistía sólo es aplicable a los delincuentes. La amnistía se diferencia del indulto; consiste en una gracia por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena. Gracia que excepcionalmente concede el Jefe del Estado, por la cual perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna.” El concepto de indulto sólo se le puede aplicar en delitos sancionados y se haya fijado la pena para el reo. En el caso de la amnistía, hay delito pero no sentenciados.
Los motivos de la amnistía son por antonomasia perdones políticos. Cabe señalar que por el hecho que unas personas sean amnistiadas queda pendiente la responsabilidad civil, en razón de que a las víctimas de las consecuencias de los actos delictivos perdonados les asiste el derecho a ser indemnizados, ya que el dolor causado a los familiares o a las víctimas de los delincuentes no se les priva del derecho a reclamar daños y perjuicios y daño moral. En Venezuela la ultraderecha siempre ha utilizado como falso y banal argumento la injerencia del Poder Ejecutivo en los otros Poderes. Luego se contradicen ya que la amnistía implica un trasgresión de la autonomía del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo.
Jamás podríamos estar de acuerdo que de manera reiterada viene proponiendo la derecha guarimbera. En 2002 (Proyecto Venezuela y COPEI) presentaron a la Asamblea Nacional esta solicitud. Luego lo hizo su cómplice la Asamblea Episcopal de Venezuela solicitando de manera ignara, indulto general a todos los procesados o en investigación por su participación en el golpe de estado de abril de 2002, en el saboteo petrolero de diciembre 2002 y por la serie de actos de golpe de Estado (saboteo eléctrico, económico, asesinatos selectivos, drenaje de arrechera, envenenamiento de agua, degüelle de personas, levantamientos militares, traición a la patria, ex diputada golpista destinados a derrumbar por la vía de la fuerza al actual gobierno de Venezuela. Son en verdad tristemente célebres algunos casos de amnistía. Veamos: En España, se decretó una amnistía general por Real Decreto Ley de 30 de julio de 1976, junto con dos decretos de indultos (1975 y 1977), durante la etapa de transición hacia la democracia, tras la muerte del dictador Francisco Franco. En América del sur, se han aplicado leyes de amnistía como inicio de lo que se denomina la “etapa de transición a la democracia”, en los años siguientes a la terminación de regímenes dictatoriales militares.
Se pueden señalar los casos de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. En Uruguay, por ejemplo, durante la presidencia de Sanguinetti, se aplicó la tristemente famosa Ley de Caducidad (votada por los legisladores blancos y colorados en 1986). Sin excepción, todas estas acciones formalmente legales parte de una maniobra de la clase política dirigente de encubrir los asesinatos perpetrados por los estamentos militares contra dirigentes políticos de izquierda que huían de la represión de las dictaduras del cono sur en las décadas del 70 al 80.
Hoy día la tendencia actual en estos países está orientada hacia la abrogación de esas leyes de amnistía como condición de posibilidad para alcanzar la justicia y la paz. Por ejemplo, en Uruguay la SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), en su último informe Anual sobre los Derechos Humanos en Uruguay pide a toda la sociedad que exija a sus autoridades electas que sea el Poder Judicial la que investigue todos los casos de uruguayos detenidos-desaparecidos durante la dictadura de 1973-1985. Es emblemático el caso del cantautor chileno, Víctor Jara, que la Justicia chilena, después de 40 años, ha procesado y enjuiciado al autor intelectual de su horrorosa muerte.
Así como el ajusticiamiento de los autores materiales. Apenas ahora, en El Salvador, se han desenterrando los restos de personas desaparecidas y asesinadas durante la guerra sucia perpetrada en ese pequeño país contra la vida de 500 campesinos ocurrida en 1981. Igualmente, en Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Guatemala por la matanza de 268 campesinos en 1982, en el marco de la guerra sucia emprendida por el Ejército de ese país durante la dictadura de Ríos-Mont, y exigió el pago de indemnizaciones para sus familiares. Es justamente ahora cuando se están descubriendo los lugares en los que se torturaba y en los que se asesinaban a muchos de los detenidos y desaparecidos.
Ahora es cuando se está llamando a los militares para que atestigüen en diferentes casos que se siguen en los tribunales uruguayos, chilenos, argentinos y demás. Incluso el mencionado ex presidente Sanguinetti fue llamado el 3 de diciembre de 2004 a declarar como testigo en el caso del asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, secuestrados el 18 de mayo de 1976 en Argentina. Sanguinetti fue solicitado para explicar por qué aplicó la Ley de Caducidad al ex dictador Bordaberry y a miembros del alto mando militar y policial uruguayos que dieron la orden de asesinar a los legisladores y proveyeron de información esencial a los cuerpos de seguridad argentinos para poder capturarlos, secuestrarlos y ejecutarlos en el contexto del ignominioso Plan Cóndor, de nefasta recordación para los sudamericanos. El gobierno de Luis Lula en Brasil desclasificó documentos sobre la represión durante la dictadura militar (1964-1985).
Esta medida acompaña a otra en la que Lula anuló un decreto del gobierno anterior que garantizaba la eternidad del secreto de los documentos. En la misma España, donde el Jefe de Estado es un borracho asesino de elefantes, a finales del año 2004, a 70 años de la mal llamada guerra civil, se han desclasificado documentos que han permitido entre otras acciones, localizar fosas comunes donde yacen restos de numerosas personas vinculadas con estos hechos. Al ver las escenas de dolor de los sobrevivientes no queda lugar a dudas de que la ley de amnistía aplicada en la década de los 70 no significó sino una acción de encubrimiento de las atrocidades que las generaciones posteriores a los acontecimientos de la década de los 30, durante la dictadura franquista, fueron capaces de cometer; y en ningún momento fue un elemento coadyuvador de la paz en España.
El pueblo español, el pueblo llano, nunca ha aceptado ese velo de impunidad que se tendió sobre sus anhelos de verdad y justicia. Justicia que, muchas veces, sólo alcanza a la posibilidad de hallar y sepultar los restos de los seres queridos para sosiego de sus familiares. Se podría decir con toda justeza que las leyes de amnistía en estos países de América Latina se traducen en leyes auspiciadoras de la impunidad.
¡Cuánto no han luchado estos grupos y organizaciones internacionales para que se anulen esas leyes de amnistía! Pero los que luchan porque se haga justicia histórica no sólo enfrentan la existencia de leyes de amnistía o caducidad, sino además, con las maniobras de encubrimiento de autores intelectuales y materiales por parte de miembros de las clases dirigentes (pues se trata de defender a personas pertenecientes a su misma clase social) o a lacayos polizontes, títeres a los que quieren mantener callados para no ser delatados como el caso de los ex comisarios del 11 de abril en Puente Llaguno…… Habría que preguntarse quiénes son los grupos que auspician en Venezuela una ley de amnistía para establecer conexiones con los grupos que la decretaron en los países sudamericanos que sufrieron dictaduras.
Sería ir en contra de los anhelos de justicia a nivel mundial, plasmados en los tratados internacionales sobre la defensa de los derechos humanos a los que está suscrita Venezuela. Recuérdese que no se pueden amnistiar aquellos delitos que el Derecho Internacional estipula como delitos que no pueden ser objeto de amnistía e imprescriptibles (de lesa humanidad, crímenes de guerra, entre otros). Al hacerlo automáticamente Venezuela se pondría en una situación de contravención de los tratados internacionales de derechos humanos. Y el mismo Presidente de la República Bolivariana de Venezuela estaría violentando nuestra Carta Fundamental, dado que su artículo 29 expresamente establece: “ El Estado estará obligado a investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad , violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.
Consideramos este artículo como uno de los más importantes argumentos en contra de la aprobación de una ley de amnistía en Venezuela. Lejos de implicar mantener y acrecentar el desasosiego y los conflictos en los países que intentan abrogar, anular o ignorar leyes de amnistía, la no aprobación de una ley de amnistía significará un paso adelante en la lucha contra la impunidad, hacia la aplicación de la esperada justicia para el civilmente vulnerable, hacia el establecimiento de la paz. Es en definitiva, un paso fundamental para evitar que las futuras generaciones sufran tan aberrantes violaciones de sus derechos. Sería un verdadero pecado no entender que la llamada Coordinadora Democrática y sus conductores son los mismos que la llamada Mesa de Ultra Derecha (MUD) y muchos de ellos como el Radonsky, la ex diputada – Leopoldo, entre otros fueron en aquella oportunidad perdonados. La primera vez fue un acto de nobleza criticable pero nobleza al fin por parte del Comandante Chávez.
La segunda sería una ESTUPIDEZ. No olvidemos al Padre Libertador al referirse a la amnistía: “Al abrigo de esta piadosa doctrina a cada conspiración sucedía un perdón y a cada perdón sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar porque los gobiernos liberales deben distinguirse por la clemencia ¡Clemencia criminal, que contribuyó más que nada a derribar la máquina que todavía no habíamos enteramente concluido” . Chávez vive la Patria sigue. No a la amnistía.
Fuente: Fernando Márquez Arocha.-
