“Querían un golpe de Estado”: Cómo es el megacaso por la asonada contra Lula donde Brasil juzga a 1.390 personas
El 8 de enero de este año, simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro asaltaron la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia e irrumpieron en las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema, en lo que fue considerado como el ataque más grave contra la democracia en Brasil. Ocho meses después, la justicia empezó a dictar las primeras sentencias contra los considerados golpistas en un megacaso en el que están implicadas más de 1.300 personas.
Los hechos violentos ocurrieron ocho días después de la investidura del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó las elecciones de octubre del 2022 a Bolsonaro, que no reconoció su derrota, al igual que sus seguidores más radicales de la extrema derecha, quienes fueron los que finalmente promovieron el asalto al centro del poder en Brasil. Este caso recuerda a lo ocurrido en Estados Unidos en enero del 2021, cuando simpatizantes del presidente Donald Trump asaltaron el Capitolio para evitar que el demócrata Joe Biden sea certificado como ganador de las elecciones de noviembre del 2020.
El primer condenado en Brasil se llama Aécio Lúcio Costa Pereira. La Corte Suprema lo declaró culpable de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños agravados y destrucción de patrimonio público protegido. Su sentencia, dictada el jueves, fue de 17 años de cárcel.
Costa Pereira tiene 51 años y es oriundo del estado de Sao Paulo. Participó de la invasión al Congreso.
El juez relator Alexandre de Moraes mostró un video del imputado dentro del recinto del Senado en el que celebraba la invasión.
Estaba vestido con una camiseta con el lema “intervención militar federal” y en un video que publicó en sus redes sociales dijo que defecaría en el Congreso. Había llegado hasta la capital en bus con un grupo denominado patriotas.
Sus abogados sostuvieron que no estaba armado y que no cometió “ningún acto violento”.
Si bien su culpabilidad fue reconocida de forma unánime, hubo fuertes divergencias entre los once miembros de la Corte Suprema con relación a las penas que debían aplicarse y a los delitos imputados, reseñó la agencia EFE.
Al final, se impuso la propuesta del juez relator Alexandre de Moraes, quien sugirió para Costa Pereira 17 años de prisión por lo que calificó de “ataque golpista” con “odio irracional”, con el “claro objetivo” de incitar a “las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno legítimo” de Lula da Silva.
Costa Pereira también deberá pagar una multa individual y una indemnización por “daños morales y materiales colectivos” de 30 millones de reales (alrededor de US$ 6 millones), junto con los demás sentenciados.
Luego fueron juzgados Matheus Lima de Carvalho y Thiago de Assis Mathar, que fueron condenados a 17 y 14 años de cárcel, respectivamente.
Sobre Carvalho, el juez Moraes mostró mensajes que envió a su esposa donde defendía “quebrar todo” para que “el ejército entrara” en acción.
En el caso de Thiago de Assis Mathar, su sentencia se vio atenuada porque, a diferencia de los otros dos, no alentó el golpe de Estado en sus redes sociales, señalaron los jueces.
Ninguno estuvo presente en la sala a la hora de la lectura de las sentencias, solo siguieron el juicio por videoconferencia.
La Fiscalía había solicitado 30 años de cárcel para los tres acusados.
En total, la justicia brasileña juzgará a 1.390 personas, cuyos grados de participación en la asonada serán establecidos de manera individual, pues el derecho brasileño no contempla las “responsabilidades colectivas”, explicó EFE.
De ese total, unas 130 personas permanecen en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos.
Tanto la Fiscalía como el juez instructor Alexandre de Moraes han adelantado que pretenden imponer condenas ejemplares a los más violentos. Con ello, buscan disuadir a cualquiera que quiera imitar a los bolsonaristas que asaltaron la Plaza de los Tres Poderes.
“Queremos mostrar al mundo que Brasil dejó de ser una república bananera, que es un Estado de derecho serio, que los golpes de Estado son una página ya cerrada de nuestra historia… las noticias falsas siguen circulando y tenemos que aclarar [lo ocurrido] de una vez por todas”, señaló la Fiscalía.
El 8 de enero “no se trató de un paseo por el parque. Fue un domingo de devastación, el día de la infamia”, lamentó la presidenta de la Corte Suprema Rosa Weber.
Además de invadir los edificios históricos, los manifestantes rompieron vidrios, sillas, mesas, valiosas obras de arte y muebles históricos.
Lo que se viene
El día de la asonada golpista Jair Bolsonaro estaba en Estados Unidos. Había viajado a ese país antes de la investidura de Lula.
Los tres condenados la semana pasada forman parte de los 232 imputados sobre quienes pesan los delitos más graves.
Por ahora el expresidente Bolsonaro figura como investigado por su presunto papel como instigador de la asonada.
A los juicios a los imputados por el asalto directo a los poderes del Estado le seguirán los procesos a los autores intelectuales, los financistas y las autoridades que omitieron cumplir con sus funciones y no lo evitaron.
Entre estos figura toda la cúpula de la policía militar de Brasilia, que recientemente fue detenida y encarcelada. Además, su jefe, Anderson Torres, que fue ministro de Justicia de Bolsonaro, está en libertad condicional.
También hay unos 1.000 casos de bolsonaristas en la mira de la Fiscalía para aplicarles multas y contribuciones sociales si llega a acuerdos con ellos en lugar de iniciarles procesos penales.
¿Asonada golpista o manifestación violenta?
La agencia EFE señaló que la acusación de “golpe de Estado” presentada por la Fiscalía motivó un fuerte debate entre los magistrados André Mendonça y Kassio Nunes Marques y los otros nueve miembros de la corte. Los dos primeros llegaron a la Corte Suprema tras ser propuestos por Bolsonaro.
Mendonça y Nunes Marques desestimaron esa acusación, argumentando que el golpe no fue consumado y que los vándalos del 8 de enero “no tenían fuerza” para derrocar al Gobierno de Lula.
André Mendonça defendió tesis bolsonaristas y dijo que hubo fallos “inexplicables” en la seguridad por parte del Gobierno que “facilitaron” la acción de los vándalos. También dijo que los procesos debían ser llevados en tribunales de primera instancia y no en la máxima corte del país.
Alexandre de Moraes calificó de “absurdos” los planteamientos de sus dos colegas.
Mientras que el decano del tribunal, Gilmar Mendes, pidió a los jueces más conservadores que “no ignoren el contexto en que ocurrieron los hechos”, precedidos por protestas a las puertas de los cuarteles militares que exigían impedir la investidura de Lula el 1 de enero del 2023.
Mendes comparó lo sucedido en Brasil con lo ocurrido en el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero del 2021 por parte de seguidores de Donald Trump. “Fue lo mismo que ocurrió en Estados Unidos”, dijo.
