Ante una alteración en la dinámica de precios, el Ejecutivo salió al paso -a través de su ente regulador en el comercio- con una publicación en redes sociales en la que establecía a cuánto debería venderse la harina, el azúcar, el arroz y otros productos. El mensaje levantó un polvorín y, minutos después, fue eliminado.
Luego de ese amago, el diputado oficialista Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del Parlamento, confirmó que el Ejecutivo adoptó un conjunto de decisiones para establecer precios máximos de venta al público en más de 40 productos, sin precisar cuáles artículos estarán dentro de este control ni cuándo entrará en vigor la medida.
A juicio de la economista Litsay Guerrero, investigadora del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), el gobierno intenta mejorar la percepción de la población sobre su gestión ante el alza de precios, que en noviembre llegó a 21,9%, según estimaciones independientes.
«Con este anuncio, la llamada revolución bolivariana busca enviar la señal de que desea ejecutar acciones que permitan solventar estos problemas. El asunto es que esta no es la forma de solventarlos (…) es un problema que no se va a resolver por el hecho de que se vuelvan a controlar los precios», dijo a EFE.
Si bien los últimos años fueron de desaplicación del control de precios, este sigue existiendo, pues no ha habido una derogatoria de las normativas que le dan vigencia a esta política, entre ellas la Ley de los Precios Acordados, creada en 2017, recordó Guerrero.
«Lo que tenemos es ese monstruo durmiendo que -en cualquier momento- puede despertarse. Hasta ahora, parecería que se asoma, aunque no hay nada concreto, y lo que genera, por supuesto, es incertidumbre», señaló.
Alza de precios
El regreso del control ocurre en medio de una escalada de precios, asociada al alza en la cotización del dólar, que en los primeros 20 días de diciembre aumentó 42%, lo que tiene un impacto directo en los bienes y servicios, calculados, en su mayoría, en la divisa estadounidense.
Solo entre el 9 y el 16 de diciembre, el precio del kilo de carne subió de 78 bolívares a 117 bolívares en un comercio en Caracas, lo que representa un incremento de 50%.
La encargada del local, Grecia Reinoso, dijo a EFE que es inviable que se imponga un mismo precio para todos los comercios, que tienen proveedores distintos y manejan diferentes cantidades de mercancías -dependiendo del tamaño del establecimiento-, lo que hace que varíen sus costos.
«El control de precios puede generar escasez. Habrá productos que, por lo menos nosotros, los comercios pequeños, dejaremos de vender», agregó la mujer de 27 años que, como todos los venezolanos, todavía no sabe cuándo verá luz verde esta medida.
