MEP rechaza agenda desestabilizadora
Abte esto Gilberto Giménez Prieto, presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), señaló que el pueblo debe salir a la calle y permanecer allí sin caer en las provocaciones por parte de quienes favorecen los escenarios de violencia.
En compañía de los miembros del secretariado nacional, desestimó los argumentos de la oposición en cuanto a que “existe una ruptura del orden constitucional en el país y acusa al presidente de gestar un golpe de Estado aplicando la misma estrategia del ladrón que grita cuando roba”.
Aseguró que este comportamiento pone de manifiesto la desesperación de la oposición, a la que no le ha salido nada de la planteado para tumbar a Nicolás Maduro, por lo que esta burla no tiene sino un objetivo: llamar a sus fuerzas aliadas en el exterior para ir activando de la mano de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática, y por otro lado ir moviendo sus fuerzas en España y Estados Unidos para aislar al país en el contexto internacional.
“Sabemos que nos causa gracia los argumentos mediante los cuales se intenta poner el tela de juicio la elección del presidente Nicolás Maduro, designar magistrados del TSJy rectores del CNE, además de un llamado a la Fuerza Armada Nacional a desconocer todos los poderes constituidos de la República tal y como lo hizo el dictador Carmona Estanga en 2002”, señaló Giménez.
Para el dirigente de la tolda morada la derecha en el Parlamento revivió su pasado golpista con la aprobación de un documento que repite los mismos argumentos utilizados en el decreto del empresario Pedro Carmona Estanga, presidente de facto impuesto por los golpistas que derrocaron por 48 horas al entonces presidente de la República, Hugo Chávez.
La mayoría de diputados en la Asamblea Nacional (AN), representantes de partidos políticos de la derecha venezolana, aprobó un documento llamado “Acuerdo para la restitución del orden constitucional” que, igual que el decreto de Carmona para “reestablecer el hilo constitucional” del 11 de abril de 2002, arremete contra la legitimidad de los poderes públicos.
El acuerdo aprobado en la plenaria del Parlamento nacional -invalidada por desacatar la Constitución- contempla la destitución de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), además de una nueva solicitud de injerencia extranjera en Venezuela.
Con esta pretensión, la derecha repite la misma acción que en el 2002, cuando leyeron un documento en el que anunciaron a la opinión pública la destitución de sus cargos del Presidente, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General de la República, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y los miembros del Consejo Nacional Electoral. En aquella ocasión la oposición, consumado el golpe de Estado, justificó esa medida como una “ruptura del hilo constitucional”.
Con información de Correo del Orinoco.
