Amazonas en la mira del arco minero
(Noticias Kikirikí/ Especial).- ¿Qué es el arco minero?
El arco minero es un plan de minería a gran escala que forma parte del motor minero, uno de los catorce motores de la agenda económica bolivariana, dicen que comprende una superficie de 111.845 km2 ubicada al norte del estado Bolívar, extensión que representaría cerca del 12% del territorio nacional donde se impactarán mediante actividad minera decenas de miles de kilómetros cuadrados de manera directa y mucho más de los 111.845 km2 de manera indirecta. Por ahora el estado Amazonas y Delta Amacuro no están contemplados en dicho plan, aunque la información no es clara, y como el mismo estado Bolívar, Amazonas actualmente es objeto de una intensa minería ilegal que impacta negativamente las reservas mineras, el ambiente, la sociedad, la psicología y los valores de los habitantes. Esta actividad ilegal sirve de argumento para los que quieren desatar una minería abierta, a gran escala, en Amazonas, los mismos que la practican, financian o llevan frasquitos de oro a Caracas para facilitar decisiones políticas. El arco minero parece una contradicción con las propuestas originales del Proceso Revolucionario, con la famosa frase de Chávez de “no cambiemos el clima, cambiemos el sistema y comenzaremos a cambiar el planeta” expresada durante la XV Conferencia Internacional de la ONU sobre el Cambio Climático, el 16-D 2009, y con la concepción de ecosocialismo. Es también una continuación de lo que ha venido ocurriendo con el caos minero y las consecuencias a la cuenca del Caroní y a la represa hidroeléctrica del Guri.
Por otra parte, los pueblos indígenas vienen denunciando que el arco minero comprende Áreas Bajo Administración Especial (ABRAE). La cuenca del río Caura, por ejemplo, tiene en su ordenamiento territorial vigente diversas ABRAE incluyendo el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, Reserva Forestal El Caura, Monumentos Naturales Ichún-Guanacoco, Cerro Guiquinima y Zona Protectora Sur del estado Bolívar, estas áreas protegidas tienen como uno de sus propósitos fundamentales la conservación de los acuíferos que alimentan la represa hidroeléctrica del Guri.
La idea del arco minero no fue creada como parte del plan de emergencia económica
Lo que ocurre es que ahora pareciera que encaja ahí muy bien. Para el período 2007- 2013 el gobierno nacional (el presidente Chávez) presentó el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el cual estableció para el estado Amazonas y para gran parte del estado Bolívar un papel en el desarrollo del país limitado principalmente a la conservación ambiental e hidrológica, mientras la parte norte del estado Bolívar (actual arco minero) y el estado Delta Amacuro estaban comprometidos con el desarrollo de empresas básicas y de la faja petrolífera del Orinoco. Posteriormente en el Plan de la Patria 2013-2019 se ordena impulsar el fortalecimiento de nuestras capacidades tecnológicas y productivas en minería, pero no se establecen las regiones donde se desarrollará la actividad extractiva ni la magnitud de la actividad. Por su parte, Rangel Gómez llega a la gobernación del estado Bolívar con un plan de gobierno (2008-2012) que se enmarca en el desarrollo endógeno desconcentrado y sustentable, pero en la práctica se ha apegado al concepto de “polo de desarrollo” que poco tiene de sustentable y de desconcentrado, y ha venido preparando las condiciones, con la minería ilegal y la quiebra de empresas mineras del Estado, para lo que hoy es el llamado arco minero.
“la oposición se hacen los sordos cuando se habla de su participación en el financiamiento de las minas y la comercialización del oro”
Desde hace tiempo un sector ligado a los gobiernos regionales de Guayana y con conexiones en el gobierno nacional, venía creando las condiciones para implementar el plan y mantenían contactos con empresas mineras, incluidas las que el mismo presidente Chávez sacó del país, paralizaron las demarcaciones de territorios indígenas que es mandato legal (Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas – GO N° 37.118, 12 enero de 2001) escalaron la minería ilegal a niveles de zonas de desastre ecológico en parques nacionales y áreas protegidas, disminuyeron la vida útil de la represa del Guri con la deforestación y los sedimentos producto de la actividad minera en la cuenca del Caroní, contaminaron con mercurio y otros metales pesados la biomasa y el agua de los ríos, quebraron las empresas mineras del Estado, armaron y entrenaron a paramilitares mineros, restringieron la movilización de las comunidades a través de la escasez de la gasolina, permitieron la invasión de los estados por parte de contingentes civiles o armados dedicados a la actividad, crearon una red de empresarios mineros criminales, compraron conciencias y ahora tratan de posicionar la idea de que es mejor desarrollar la minería a gran escala y con participación extranjera que seguir permitiendo ese caos que ellos mismos han ocasionado, en el que participan y se han negado a controlar. Por su parte en la oposición se hacen los sordos cuando se habla de su participación en el financiamiento de las minas y la comercialización del oro, han olvidado la historia pasada y presente de la minería ilegal en la que participaron junto a Misiones y ONG’s, han olvidado sus propios planes de minería generalizada. Recordemos que en el pasado empresas extranjeras realizaron prospecciones de recursos mineros y biológicos en Guayana (Amazonas, Bolívar, y Delta) con logística militar nacional y de empresas del estado, y hoy debemos pagar a EEUU para acceder a la información que estén dispuestos a darnos sobre nuestros recursos.
El plan actual del arco minero prevé la participación de más de 150 empresas de 35 países en la extracción de oro, cobre, diamantes, coltán, hierro, níquel, bauxita, cuarzo, y otros minerales de gran valor industrial. Por otra parte, el gobierno había anunciado que su inversión será del 65% frente a un 35% del sector privado. Esto se ha realizado sin consulta a los pueblos indígenas y con muy poco interés de demarcar sus territorios.
