
El Senado argentino aprobó en la noche del miércoles, en general, el proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra tras semanas de intensas negociaciones, deberá ahora ser debatida en particular para luego pasar a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con la primera minoría.
La votación se desarrolló en un clima de tensión y descontento social. Afuera del Congreso Nacional, en Buenos Aires, miles de manifestantes se congregaron para rechazar la reforma, considerada por amplios sectores sindicales y sociales como un retroceso en los derechos de los trabajadores.
Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, que desplegó un fuerte operativo de seguridad. El saldo fue de más de 300 heridos y al menos 70 detenidos, lo que refleja la magnitud del rechazo popular frente a la iniciativa gubernamental.
El proyecto de reforma laboral busca modificar aspectos centrales de la legislación vigente, con el argumento de “modernizar” las relaciones de trabajo y dinamizar la economía.
Entre los puntos más polémicos se encuentran la flexibilización de las condiciones de contratación, la reducción de indemnizaciones por despido y la ampliación de los períodos de prueba para nuevos empleados.
El Gobierno de Milei sostiene que “estas medidas son necesarias” para atraer inversiones y generar empleo, pero los críticos advierten que se trata de un ataque directo a conquistas históricas de la clase trabajadora.
Los sindicatos y movimientos sociales han denunciado que la reforma abre la puerta a una precarización masiva del empleo, debilitando la capacidad de negociación colectiva y favoreciendo únicamente a los grandes empresarios. “Se pretende instalar un modelo de trabajo barato y sin derechos”, señalaron desde la Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a nuevas movilizaciones en rechazo a la iniciativa.
La aprobación en el Senado representa un triunfo político para Milei, quien ha insistido en que su plan de reformas estructurales es indispensable para sacar al país de la crisis económica. Sin embargo, el costo social y político de esta victoria es evidente: la represión de las protestas y el elevado número de heridos y detenidos son una prueba irrefutable que pese a que es una victoria política para el oficialismo, el verdadero perdedor es el proletario.
En la Cámara Baja, el oficialismo enfrentará un escenario complejo. Aunque cuenta con la primera minoría, necesitará negociar con otros bloques para lograr la aprobación definitiva.
La oposición, integrada por sectores peronistas, progresistas y de izquierda, ha manifestado su rechazo frontal a la reforma, lo que anticipa un debate intenso y prolongado.
El contexto político argentino se encuentra marcado por una fuerte polarización. Mientras el Gobierno busca avanzar con su agenda de reformas neoliberales, amplios sectores sociales se movilizan para defender derechos laborales conquistados a lo largo de décadas de lucha.




