La reciente propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, presentada por la Presidenta (e) de la República Bolivariana de Venezuela, Dra. Delcy Rodríguez, representa un hito fundamental en la búsqueda de la «soberanía energética» del país. Esta iniciativa no debe ser vista como una entrega de recursos, sino como una evolución del modelo soberano que busca transformar el vasto potencial del subsuelo venezolano en beneficios tangibles para la población, tales como escuelas, hospitales y servicios básicos.
La estabilidad política y económica del país se ha vuelto crucial, la reforma se propone establecer un marco claro y atractivo para las inversiones tanto nacionales como internacionales. La creación de «reglas de juego» definidas y la restitución de mecanismos de arbitraje internacional son pasos significativos hacia la recuperación de la confianza en el sector energético. La flexibilidad fiscal, que contempla la posibilidad de ajustar las regalías hasta un 15% según el nivel de inversión, posiciona a Venezuela como un competidor atractivo en el mercado global, lo que podría resultar en un flujo de capital necesario para revitalizar nuestra economía.
Además, la institucionalización de los Contratos de Producción Compartida (CPP) representa otro avance importante. Este modelo no solo permite a las empresas privadas comercializar directamente su cuota de crudo, sino que también asegura un retorno de inversión más rápido y eficiente. En un momento en que el país enfrenta serias restricciones financieras, esta agilidad es vital para la entrada de divisas y para el sostenimiento de nuestra economía.
Gracias a la experiencia adquirida con la Ley Constitucional Antibloqueo, se nos presenta una oportunidad única para aplicar estas lecciones en la reforma planteada a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Como bien les puedo decir, y lo he dicho en entrevistas, “de nada sirve tener un petróleo bajo la tierra sin generar dividendos al país para la justicia social en salud, educación y seguridad; es importante explorar, producir y comercializar el petróleo”. Esta visión refuerza la necesidad de que la reforma no solo se enfoque en atraer inversiones, sino que también garantice que los beneficios derivados de nuestra riqueza petrolera se traduzcan en mejoras concretas para el bienestar del pueblo venezolano.
Con una meta ambiciosa de incrementar la producción de crudo en un 18% para finales de 2026, esta reforma se presenta como una oportunidad única para reactivar la economía en las regiones petroleras y mejorar la calidad de vida de la clase obrera. En este sentido, el respaldo legislativo de la Asamblea Nacional se erige como un pilar fundamental para garantizar la transparencia y legalidad necesarias que permitan a Venezuela recuperar su estatus como potencia energética confiable.
La reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos no es solo un cambio normativo; es una apuesta por el futuro del país. Si se implementa con visión y compromiso, puede ser el catalizador que impulse a Venezuela hacia un nuevo horizonte de desarrollo y bienestar.
Jorge Rodríguez nos dice que lo que es vital para el desarrollo de la Patria es de obligatorio cumplimiento de la Asamblea Nacional, por ello defiende la Reforma y garantiza que con esta Ley, ponemos las necesidades actuales de Venezuela por encima de cualquier circunstancia.
@jesussantanderl
