Expertos de Naciones Unidas -ONU- denunciaron este martes que los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe constituyen ejecuciones extrajudiciales y violaciones graves del derecho internacional.
En los hechos murieron al menos 14 personas de presunta nacionalidad venezolana, informó el gobierno estadounidense de Donald Trump.
En un comunicado conjunto, los relatores de la ONU subrayaron que las supuestas actividades de narcotráfico atribuidas a las víctimas debieron investigarse y procesarse conforme al Estado de derecho, y no resueltas mediante acciones militares letales.
“El derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos narcotraficantes”, señalaron.
La fuerza en alta mar solo se justifica en casos de defensa propia
Los especialistas recordaron que el uso de la fuerza en alta mar solo se justifica en casos de defensa propia ante una amenaza inminente y que el derecho marítimo internacional prohíbe los ataques no provocados contra buques civiles, privilegiando métodos policiales sobre respuestas militares.
Las críticas se centran en dos operaciones estadounidenses: una el 2 de septiembre, que dejó 11 muertos, y otra el 15 de septiembre, con 3 víctimas.
Ambas acciones -según la información oficial- se dirigieron contra integrantes del Tren de Aragua, organización que el gobierno estadounidense designó como terrorista. No obstante, los expertos de la ONU afirmaron que no existe evidencia de que ese grupo esté preparando una “invasión” contra Estados Unidos, como han sostenido las autoridades de ese país.
El comunicado, firmado por los relatores Ben Saul (protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo), Morris Tidball-Binz (ejecuciones extrajudiciales) y George Katrougalos (orden internacional), advierte que el empleo unilateral de la fuerza militar contra organizaciones criminales en el extranjero no solo violenta la soberanía de otros Estados, sino que también puede constituir uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas.
Instaron a Washington a investigar de manera independiente a los responsables políticos y militares de estas operaciones, a enjuiciar a los implicados sin importar su rango, y a reparar a las familias de las víctimas.
También pidieron que Estados Unidos renuncie a lo que calificaron de una “guerra ilegal contra el narcoterrorismo” y garantice que hechos similares no se repitan.
