Violencia en Colombia se cobra la vida de otro líder social

La violencia armada contra líderes y defensores de Derechos Humanos continúa en Colombia luego que la víspera resultara asesinado otro líder, indígena en este caso, en el noroccidente del país, en la costa del Pacífico.

La mañana del jueves fue asesinado Miguel Tapí Rito, líder indígena de la comunidad El Brazo, Bacurú Purú, en el río Valle, municipio de Bahía Solano (unos 409 km al oeste de Bogotá).

De acuerdo con un comunicado del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), organismo que vela por el cumplimiento de los acuerdos de paz, firmados en La Habana y Bogotá en 2016, Miguel Tapí Rito fue gobernador indígena muchos años de esa comunidad del río Valle.

Según esa fuente, varios hombres armados llegaron a dicha comunidad por el río Valle, se lo llevaron a la fuerza y luego lo degollaron en un terreno cercano, en un modus operandi que se repite cada semana en distintos escenarios del país, con idénticos resultados.

A la fecha, según datos de la Jurisdicción Especial para La Paz, 249 excombatientes han sido asesinados.

Al inicio de la diligencia, el director de investigación y acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, aseguró que cada cinco días es asesinado un excombatiente de las Farc y esto, además de demostrar una alta frecuencia, también revela una concentración geográfica, pues los homicidios ocurren apenas en el 17 % de los municipios del país.

El director, utilizando la información disponible en bases de datos oficiales de los ministerios de Defensa y del Interior, analizó las hipótesis que ha lanzado el gobierno sobre estos hechos. Sobre la primera, según la que los asesinatos de excombatientes serían perpetrados por hechos relacionados con el narcotráfico, Álvarez indicó que en el 63 % de los municipios cocaleros del país no se está presentando este fenómeno.

Además, agregó, “en aquellos territorios que la ONU considera como enclaves del narcotráfico, no ha habido una sola muerte de excombatientes” y citó como ejemplo los municipios de Teorama, en Norte de Santander, y Valdivia, en Antioquia.

Sobre la segunda hipótesis, según la que las muertes de exFarc han obedecido a riñas o rencillas personales, detalló el director de Investigación de la JEP que solo el 2 % de los casos se ha registrado por esta causa.

Mientras que sobre la tercera posibilidad, que señala que estos delitos son cometidos por las disidencias, recalcó Álvarez que no se puede hablar de disidencias como una única organización criminal sólida, sino que existen tres tipos: la coordinada por alias Gentil Duarte, que surgió antes de la firma del Acuerdo de paz, que tiene mayor fuerza y que perpetra gran número de ataques a la Fuerza Pública; la denominada “segunda Marquetalia”, conformada por quienes abandonaron el acuerdo, como Iván Márquez y Jesús Santrich, que ha tenido impacto mediático, pero de la que no se ha logrado establecer que tenga capacidad para enfrentarse a las fuerzas del Estado; y las disidencias abiertamente narcotizadas. Por esta razón, los homicidios deben analizarse teniendo en cuenta cada contexto.

De acuerdo con el investigador del tribunal de Paz, existe un patrón de violencia contra los excombatientes claramente demarcado, con dos variantes.

La primera, y que corresponde al 57 % de la muestra de homicidios analizados, consiste en ataques para desmontar los proyectos políticos o económicos en los que exguerrilleros toman liderazgo. Para la JEP, esto se traduce en un ataque directo a la implementación del Acuerdo de paz, perpetrado por todos los grupos armados al margen de la ley. Las víctimas son hombres entre 25 y 44 años, con bajos niveles de escolaridad, que durante su pertenencia a las Farc fueron guerrilleros rasos o milicianos.

“Los victimarios tendieron a abordar a los excombatientes en sitios públicos de zonas rurales, donde les propinaban múltiples disparos. Esto ocurrió con mayor frecuencia en fin de semana”, explicó Álvarez.

La segunda variante involucra la disputa entre disidencias de las Farc en zonas donde la guerrilla históricamente hacía presencia y suplantaba algunas de las funciones del Estado. Esta constituye el 36 % de los casos analizados.

De acuerdo con Álvarez, en estos casos “los perpetradores son las disidencias de las Farc en sus tres vertientes” y las muertes develan “un plan criminal para ampliar la presencia de estructuras al comando de Gentil Duarte en zonas que desde los años 60 fueron consideradas repúblicas independientes, lugares donde Gentil Duarte compró masivamente tierras, las despojó o se aprovechó del abandono forzado”.

Las víctimas son jóvenes entre 18 y 34 años, pues “se trata de jóvenes que rechazan retomar las armas con las disidencias o que se acogen a proyectos de reincorporación”.