Un total de 1.245 fiscalizaciones realizó la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), en el territorio nacional, así mismo favoreció a 15. 350 familias con ventas supervisadas, exhortó 2.766 negocios y supervisó 714 líneas de transporte en los terminales terrestres de pasajeros existentes en el país durante la semana de flexibilización segura y vigilada del 08 al 19 de febrero.
Dichas fiscalizaciones, se encuentran divididas de la siguiente manera: 574 corresponden al sector alimentación, el cual incluye supermercados, abastos y mercados municipales, 122 al sector farmacéutico y 549 en las diferentes tiendas entre las que destacan electrodomésticos, ferreterías, calzados y textiles, además de los prestadores de servicios.
Los servidores públicos del ente regulador de precios atendieron a 203 usuarios en las oficinas regionales de la Sundde, y a través del @sundde_ve cumpliendo las normas de bioseguridad para prevenir la Covid-19, quienes interpusieron denuncias relacionadas a la especulación e incumplimiento de garantía en productos, además, solicitaron intermediación en casos de arrendamientos para uso comercial.
Dentro de los comercios y servicios inspeccionados se encuentran: El supermercado Excelsior Gama, ubicado en Petare, estado Miranda, Hiper Líder San Diego, empresa de producción de gases para la industria y medicina Oxicar y Cementerio Proservicios en Carabobo, Comercializadora y Distribuidora Las Heroínas II y Clínica Santa Fe, situada en la entidad merideña, las tiendas de electrodomésticos IVO y Nadia Hogar, ubicadas en Plaza Venezuela y la urbanización Las Mercedes en la Gran Caracas y la red de farmacias Farmatodo en varios estados del país de manera simultánea, entre otros establecimientos comerciales.
Proceso de inspección
Durante las inspecciones los fiscales de la Sundde pudieron evidenciar que en varios de los comercios fiscalizados dedicados a la venta de alimentos, medicinas y electrodomésticos, luego de la revisión detallada de las facturas y productos que se encontraban incumpliendo con los precios acordados en rubros de la cesta básica, el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP), falta de habladores de precios en artículos exhibidos y la publicación de la Tasa Oficial Cambiaria, establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) para aquellas personas que deseen pagar en moneda extranjera, así mismo, fueron halladas infracciones establecidas en la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), en clínicas, colegios, universidades, empresas de televisión por suscripción y cementerios.
Por consiguiente, los servidores públicos ordenaron de manera inmediata el ajuste de precios en rubros alimenticios, donde supervisaron la venta logrando favorecer a la población, de la misma manera, exigieron el cumplimiento de la LOPJ a los prestadores de servicios. Es de resaltar que, los mismos se encontraban incurriendo en los presuntos delitos de Infracción por Incumplimiento de Formalidades, Especulación y Condicionamiento, tipificados en los artículos 46, 49 y 56 de la Ley que rige la Sundde.