Noticias-Kikiriki.- La inhabilitación política por 15 años del diputado Juan Guaidó respondió a las violaciones a la ley orgánica de la Contraloría General de Venezuela, luego que el político se negó a justificar las fuentes de sus ingresos.
La inhabilitación al diputado de la Asamblea Nacional en desacato desde finales del año 2016 con la pena máxima de 15 años para desempeñar cualquier cargo público, es por un fraude fiscal al no declarar más de 310 millones de bolívares en viajes y de 260.4 millones de bolívares en alojamientos dentro y fuera del territorio venezolano.
El contralor general, Elvis Amoroso, indicó que la inhabilitación se aplica según la Ley contra la Corrupción en Venezuela.
Razones de la inhabilitación
La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos.
Legalmente, sus competencias y poderes quedaron fijados en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal que determina en el artículo 78 que puede solicitar declaraciones juradas de patrimonio a los funcionarios y funcionarias.
Para la abogada Ana Cristina Bracho, Guaidó como diputado es un funcionario que tiene unas funciones propias, unos derechos particulares y unas prohibiciones absolutas. Su rol, es el de elaborar las leyes, controlar al Poder Ejecutivo, y, representar al pueblo venezolano en su conjunto en la Asamblea Nacional.
Los diputados prestan juramento a la Constitución de respetarla y hacer cumplir sus leyes; respetar la institucionalidad pública. Así como, la absoluta prohibición de aceptar honores, cargos y recompensas de países extranjeros, salvo previo estudio y autorización de aquél cuerpo, indicó la experta venezolana.
El artículo 187 de la Constitución de Venezuela indica que los diputados y diputadas están obligados a solo ejercer labores exclusivas al beneficio del pueblo de Venezuela y no pueden recibir ingresos adicionales, ni ejercer cargos distintos a sus funciones parlamentarias.
Guaidó estuvo más de ocho meses fuera del país con gastos en alojamiento que exceden los 260.4 millones de bolívares, también sin declarar ni explicar de dónde proviene el dinero para costearlos.